Guerrero.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que apeló la resolución del juez que liberó al ex secretario de Seguridad Pública municipal, Alfredo Álvarez Valenzuela, porque “se estima contradictorio” su argumento ya que el Ministerio Público acreditó el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad, y el policía turístico José Arturo Quezada Ramírez está preso por la misma orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de persona y abuso de autoridad contra un indigente.
“El argumento utilizado por el órgano jurisdiccional al momento de resolver sobre la probable responsabilidad de Alfredo Álvarez Valenzuela se estima contradictorio, ya que al entrar al estudio del cuerpo del delito lo estima como acreditado derivado de la declaración de los coinculpados, mismos a los que les resta eficacia probatoria al momento de resolver sobre la probable responsabilidad”, reclamó.
Ayer se informó que el juez Décimo Penal lo dejó en libertad “por falta de elementos para procesar”, y que su abogado defensor, José Luis Gallegos Peralta, consideró una “tremenda negligencia y una ineptitud por parte de las personas que representan a la Procuraduría al integrar la averiguación previa pues consignaron sólo porque era una papa caliente y se la aventaron al juez”, por lo que el miércoles a las 4 de la tarde salió de la cárcel de Chilapa, escoltado por marinos rumbo a la ciudad de México
Sin embargo, en un boletín de prensa, la dependencia insistió en que el Ministerio Público sí acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del ex secretario y tres elementos de la Policía Turística municipal, y que continuará con las acciones para que se revoque su libertad y cumplir con la detención de los otros policías inculpados, Fernando Vázquez Suástegui y Jessica Brenda Hernández Jiménez.
En el texto, la PGJE expuso que en marzo de 2014 apareció en la red social YouTube el video en el que se aprecia a tres policías turísticos golpeando con toletes a un hombre vendado de los ojos en un cuarto, lo que inició una investigación.
Agregó que en las diligencias el ex funcionario exhibió documentación relacionada con los policías, pero en un “informe” éstos dieron los pormenores de los hechos, y bajo los efectos del amparo y protección de la justicia federal en su declaración ministerial señalaron directamente que el entonces secretario de Seguridad Pública fue quien les dio las instrucciones “para que golpearan al indigente, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero” a pesar de la búsqueda de los tres niveles de gobierno.
Afirmó que cuando el Ministerio Público “acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad” de los cuatro se procedió a ejercer acción penal ante un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, que “estimó suficientes los medios probatorios recabados” y el 10 de junio libró la orden de aprehensión en contra de los cuatro imputados por estos delitos.
En consecuencia, resaltó que el 13 de junio la Policía Investigadora Ministerial capturó a Quezada Ramírez en la colonia Progreso, lo internó en el penal de Las Cruces a disposición del juez que tres días después le decretó formal prisión.
Agregó que el jueves de la semana pasada se detuvo en la ciudad de México al ex secretario, quien fue trasladado a Acapulco e internado en el Cereso de Chilapa a disposición del juez, quien le dictó auto de libertad “por falta de elementos para procesar, al considerar que los testimonios de los otros tres coacusados no se encuentran acreditados con otro medio de prueba que haga verosímil su dicho”.
Ante esto, la PGJE consideró que el argumento es contradictorio y que el juez restó eficacia probatoria a las declaraciones de los tres policías que participaron, por lo que afirmó que apeló a la determinación del juez y hará valer los agravios correspondientes ante el Tribunal de Alzada para revocar la libertad del ex secretario.
*Vía: elsur