El MP federal sólo se ha dedicado a fortalecer la tesis del basurero de Cocula, que ha sido cuestionada por los padres y por expertos, reclama el abogado de Tlachinollan

Chilpancingo - El Ministerio Público federal se niega a abrir líneas de investigación hacia la Policía Federal (PF), el Ejército, el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, el hermano del cantante Joan Sebastian, Federico Figueroa, y el priista Héctor Vicario Castrejón, que en diferentes momentos y formas han sido implicados en la masacre de estudiantes y desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre en Iguala, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

En consulta telefónica, el defensor indicó que el MP de la Procuraduría General de la República (PGR) se ha dedicado a fortalecer la tesis del basurero de Cocula, que indica que policías municipales de Iguala y de Cocula entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa al grupo delictivo Guerreros Unidos, que los habría asesinado, quemado hasta calcinarlos y lanzaron las cenizas a un río.

Sin embargo, reiteró que esa tesis no da certeza ni certidumbre a los padres de familia –incluso ha sido cuestionada por académicos expertos–, y las autoridades se niegan a abrir otras líneas de trabajo alegando la falta de elementos de prueba. Añadió que los testimonios de los normalistas no son suficientes para que el MP comience a indagar otras posibilidades.

Del ex gobernador se ha denunciado la omisión de proteger a los estudiantes que fueron atacados a balazos por policías municipales en distintos momentos, y testimonios de los normalistas indican la intervención del Ejército y de policías federales en la agresión, donde murieron tres estudiantes, luego, en un estudio de ADN se determinó que había restos de uno de los 43 desaparecidos en las bolsas de cenizas que la Procuraduría General de Justicia, supuestamente obtuvo de Cocula. También hubo una veintena de heridos de bala, dos de suma gravedad, y tres civiles muertos.

Asimismo, hubo señalamientos en narcomantas que se colocaron en sitios públicos Iguala y en Chilpancingo, entre octubre y noviembre, una con la presunta firma del lugarteniente de Los Rojos, apodado El Gil, donde dijo que los estudiantes estaban vivos y pidió una investigación a los alcaldes y directores de seguridad pública de Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.

En esa narcomanta se acusó como presuntos responsables del crimen de Estado a un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería, que identificó sólo como Barbosa y Crespo; a Federico Figueroa, y al entonces delegado de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, además de otros mandos del crimen crimen organizado.

En cuanto a la versión que un normalista reveló en la ciudad de México, en el sentido de que los 43 alumnos detenidos-desaparecidos fueron sustraídos en dos puntos por policías municipales; los primeros, en el mismo sitio del ataque a balazos, y los segundos cuando regresaban a Tixtla, por policías que estaban en un retén, en un puente antes de Iguala, y a este bloque, donde iban heridos, se lo llevaron rumbo a Huitzuco.

Rosales Sierra pidió reservas para este caso porque el estudiante al revelar esta información se puso en riesgo él, a las personas que están a su alrededor, así como al chofer del autobús que reveló estos datos, que son distintos a la tesis de la PGR, que indica que los 43 fueron detenidos y entregados juntos a los Guerreros Unidos.

 

 

*Vía: Agencias/Lourdes Chávez/ElSur