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El PF-Pidesc, aprobado el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, es considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los llamados derechos de tercera generación, como el acceso a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

“Hemos venido impulsando la firma desde que se negoció. Nos preocupa que se deseche el trabajo de tres años, no es un buen signo. El gobierno no ha dado un plazo. No le han dado importancia”, criticó ante IPS la activista Areli Sandoval, coordinadora del programa de Diplomacia Ciudadana, de la organización no gubernamental Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios (DECA), Equipo Pueblo AC.

Un grupo de organizaciones trabajó desde 2009 con el gobierno de entonces, del conservador Felipe Calderón (2006-2012), con el fin de suscribir el convenio, para lo cual se necesitaba una serie de consultas destinadas a aclarar los compromisos que asumiría el país.

Esa labor quedó lista en 2012 pero, según Sandoval, el aún presidente electo Peña Nieto pidió no adoptar más responsabilidades internacionales hasta después de asumir el cargo, el 1 de diciembre pasado. Pero ya pasaron casi siete meses sin que haya novedades al respecto.