Por Guadalupe Lizárraga, Ciudad de México.- En una misiva al titular del Poder Ejecutivo en México, Enrique Peña Nieto, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad solicitó retirar el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres, otorgado por el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2010.

La petición fue coordinada por el presidente de la organización canadiense, David Bertet, y el presidente de Gente de México por la Democracia, Giel Meza, después de la difusión de investigaciones periodísticas que revelaron la fabricación de pruebas y tortura a los inculpados en el conocido “caso Wallace”, por Los Ángeles Press, y otro medio.

La organización canadiense que investiga y promueve el debido proceso, así como los derechos humanos a procesados en este país, argumentó que las pruebas que se han publicado en las investigaciones ponen en duda la calidad ética de Isabel Miranda Torres al simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Con fecha del 23 de junio y sita en Montreal, el activista canadiense, David Bertet, destacó en el documento, también enviado al Poder Legislativo y al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que las confesiones fueron arrancadas bajo tortura de cinco inculpados del caso, cuatro ya sentenciados y uno en espera, de acuerdo a la valoración siquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Hasta ahora hemos encontrado sólidas evidencias de que el crimen no se perpetró, ni se dieron las circunstancias que injustamente inculpan a esas personas”, se señala en la petición en referencia a Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí y Antonio y Alberto Castillo. Así mismo, las organizaciones denunciaron la presunta responsabilidad de Isabel Miranda Torres en los delitos de falsedad a autoridades, fraude procesal, falsificación de documentos y variación de nombres que se habrían cometido para “fabricar” el caso Wallace.

El documento de cuatro páginas, enfatizó que –en nueve años– la parte acusadora del Caso Wallace no ha podido acreditar una sola evidencia pericial, además de que se encontró una “red de funcionarios públicos de diversas instancias judiciales, entre éstas la Procuraduría General de la República que privilegiaron influencias, crearon documentos apócrifos y participaron directa y flagrantemente en la violación de derechos humanos de los inculpados”.

Respecto a las violaciones de derechos humanos de los inculpados, también se mencionó la violación al derecho a la asistencia de un abogado defensor y el derecho a la presunción de inocencia. Éste último, violado desde 2006 por Isabel Miranda de Wallace, al poner los espectaculares con los nombres y rostros de los inculpados antes de ser investigados judicialmente de acuerdo al debido proceso.

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*Vía: losangelespress