Toluca, Estado de México - La aprobación de la ley sobre uso de la fuerza abre la puerta a un uso de la fuerza arbitrario por parte de las autoridades, su aprobación amenaza a toda la sociedad mexiquense.
La iniciativa acordada por el Poder Legislativo del Estado de México, se une a otras que en diferentes estados del país han intentado eliminar el descontento con las políticas de las autoridades y su falta de capacidad para abordar los problemas de la sociedad por medio de la represión.
La nueva ley aprobada, contiene numerosas deficiencias, relacionadas con la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que resultan excesivamente amplias, la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, entre otras tantas.
De acuerdo al marco internacional de derechos humanos, el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso para las autoridades, y solo está autorizado ante ciertas circunstancias de carácter excepcional. Sin embargo, de la citada ley contraviene esta obligación al establecer en el artículo 40 “El que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción”.
Esta ley, sin duda amenaza también el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, al autorizar el uso de la fuerza frente a manifestaciones “violentas”. Sin embargo, las conductas violentas que pudieran producirse en el marco de una manifestación son de carácter y responsabilidad individuales, y como tal deben abordarse.
En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes en una determinada manifestación y podría generar el incentivo perverso de crear deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial, algo de práctica común por todos conocido.
Global México se une a la propuesta del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social haciendo un llamado al Congreso del Estado de México a revisar la ley en cita con su actual contenido, para iniciar un proceso abierto y participativo de consulta que incorpore de forma efectiva los estándares internacionales y buenas prácticas en materia de control del uso de la fuerza y rendición de cuentas.