El tráfico de especies marinas o trozos de ellas no es problema de ahora, pero sí es un flagelo que se ha agravado en las últimas décadas. Comenzamos con un dato: aunque no se tiene constancia certera del volumen total del ilícito negocio, se estima es tan redituable que tan solo es superado por el tráfico de armas y de estupefacientes.
Esta lucrativa actividad se basa en un trasiego no solo de peces a nivel planetario, que pone en peligro no solo la sostenibilidad y la biodiversidad del ecosistema marino, sino también la viabilidad de algunas especies. Ya a inicios de la década de los setenta, se planteó la necesidad de aunar esfuerzos, con un convenio internacional que firmaron casi todas las naciones desarrolladas. Eso fue el 3 de marzo de 1973, cuando se ratificó en Washington la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y Flora Silvestre.
Entonces, ¿no se está cumpliendo? Parece que no, y además el problema es tan complejo que constantemente surgen nuevas amenazas, como el caso documentado por diversos diarios locales y de circulación nacional en nuestro país, que ventilan la aprehensión en días pasados de una persona transportando 11 vejigas natatorias (buches) de la especie protegida Totoaba macdonaldi, por lo que fue puesto a disposición del MPF. El sujeto transportaba dicho producto en un vehículo de su propiedad oculto en una de las puertas traseras cuando fue detectado a la altura del kilómetro 28 de la carretera Mexicali-San Felipe, en Baja California.
Como no va a ser negocio, en este caso las 11 piezas decomisadas con medidas promedio entre los 30 y los 45 cm de longitud, con un peso total de 3.075 kgs en estado fresco tienen un valor aproximado entre los 14 y 15 mil dólares en el mercado negro nacional.
Según la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para 2010, el gobierno mexicano reconoció que hay 71 nuevas especies y subespecies en categoría de "riesgo", en comparación con 2001.
Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace, Defensores de la Vida Salvaje en México y el Grupo Ecologista del Mayab, denunciaron que el sistema para proteger a las especies silvestres es lento e inflexible y "queda a voluntad y capricho de la autoridad ambiental en turno".
La última NOM sobre las especies en peligro de extinción en México se publicó en 2001, en ésta se contemplaban a 372 especies en categoría de "peligro de extinción", lo que lamentablemente a la fecha ha aumentado a 500.
Algunas de las especies en peligro son la Totoaba, la tortuga caguama, la ballena gris, el manatí, el pepino de mar, entre otros.
Desgraciadamente la SEMARNAT apoyada por otras instancias federales como la SEMAR están fracasando en su obligación de proteger y conservar a las especies silvestres de México al ser rebasada por los traficantes, hechos que han venido denunciando las organizaciones defensores de la vida salvaje en México, sin lograr que las instancias encargadas de la protección logren avances para prevenir y erradicar la amenaza.