Chilpancingo, Guerrero.- Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), dirigida por Iñaki Blanco Cabrera, no logró acreditar el delito de secuestro en contra de ocho policías comunitarios; la madrugada de este jueves fueron liberados siete y, por la tarde quedó en libertad bajo fianza el “Comandante Santos”, quien tuvo una reclasificación de delito a “privación de la libertad personal”.

A su salida del penal de Chilpancingo, Maximino Moreno Acuña dijo estar decepcionado de las autoridades judiciales pero aclaró que seguirá trabajando por la seguridad de los pueblos de Guerrero mediante el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Reconoció que mantuvo retenida por varios días a Romana Campos Vega, pero no en calidad de secuestrada, sino de "detenida por cometer ilícitos", según la facultad que se les otorga la Ley 701, del sistema normativo indígena. Negó que haya solicitado a la familia cierta cantidad de dinero para la liberación, y que le hayan faltado el respeto a la mujer, delitos falsos con los que fueron inculpados.

También afirmó que dentro de la Procuraduría del Estado lo hicieron declarar bajo tortura para que se declarara culpable, por lo que pidió justicia al respecto.

Maximino quien es conocido como el Comandante Santos, salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo cerca de las cuatro de la tarde luego de que el delito que se le adjudicaba, fuera reclasificado por el juez.

Ante la falta de pruebas de la PGJE, el juez decidió desechar la acusación de secuestro para dejar el delito en privación de la libertad personal, por lo que tras pagar una fianza superior a los 20 mil pesos, abandonó el penal.

El resto de los policías comunitarios presos acusados también de secuestro, fueron liberados la madrugada de este mismo jueves.

Por su parte, el procurador interpuso el recurso de apelación a la decisión del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo (Chilpancingo), de conceder la libertad a los integrantes de la UPOEG acusados por el delito de secuestro agravado.

En un comunicado de prensa, la fiscalía encabezada por Iñaki Blanco Cabrera, afirmó que el delito fue acreditado con varias pruebas fehacientes.

Recordó que en su oportunidad, se informó que el pasado 4 de junio de 2014 se inició una averiguación previa con motivo del secuestro de una persona del sexo femenino ocurrido ese mismo día en la ciudad de Chilpancingo, de los Bravo, cuando la víctima se dirigía a su escuela.

“Después de dos horas, los secuestradores comenzaron a realizar llamadas telefónicas a varios familiares de la ofendida para exigir el pago de tres millones de pesos y las escrituras de un inmueble a cambio de su liberación, ya que de lo contrario la privarían de la vida”, se lee en el documento distribuido a medios de comunicación.

“Uno de los familiares de la víctima, al negociar con uno de los secuestradores identificó la voz, como aquella que corresponde Maximino Moreno Acuña (a) “Comandante Santos” y/o “el Chimino”, supuesto Coordinador del Sistema  de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la localidad de Mazatlán, municipio de esta ciudad capital”, agrega el redactor.

Detalló que después del trabajo “de inteligencia” y/o análisis de información derivada de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, así como producto del trabajo del Grupo Táctico Antisecuestros, el 13 de junio de 2014, se logró la detención de 9 personas.

Cabe recordar que uno de estos resultó ser menor de edad y al determinar que no tenía que ver con el delito de secuestro, la autoridad correspondiente le otorgó la libertad desde el pasado lunes. Quedaban entonces ocho personas presas, de las cuales fueron liberadas siete la madrugada de este jueves y, uno hasta la tarde de este mismo día.

En su documento, la Procuraduría aclara que el día 18 del mes y año en curso, la autoridad jurisdiccional resolvió decretar la libertad de los indiciados, a excepción de Maximino Moreno Acuña (a) “Comandante Santos” y/o “el Chimino”, para quien reclasificó el delito de secuestro agravado por el de privación de la libertad personal, fijándole una caución de veintisiete mil trescientos setenta y siete pesos.

“Con motivo de lo expuesto, la PGJE interpuso el recurso de apelación contra la citada determinación del órgano jurisdiccional, por lo que en su oportunidad hará valer los agravios correspondientes ante el Tribunal de Alzada, a efecto de que revoque la libertad de los indiciados”, sentenció.

También advirtió que se proseguirá con las investigaciones para reunir mayores evidencias de responsabilidad penal de quienes han incurrido en posibles actos delictivos, a efecto de que sean analizados por autoridades judiciales estatales y federales, de ser el caso, y en su oportunidad se impongan las penas privativas de la libertad correspondiente

De los antecedentes

La detención se llevó a cabo el viernes de la semana pasada, aproximadamente a las 19:00 horas, por elementos de la Policía Ministerial que llegaron a bordo de al menos 20 camionetas oficiales para ejecutar la orden.

Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde permanecieron incomunicados hasta el día siguiente, además de ser brutalmente golpeados y torturados, en tanto, las autoridades se negaron a dar información y ocultaron sobre la detención.

Se presume que lo anterior se debió luego de que el pasado 04 de junio elementos de la Policía Ciudadana de la UPOEG que operan en Mazatlán, detuvieron a la hermana de “el Chaparro” y de “el Melo”, principales capos del grupo delictivo denominado Caballeros Templarios, que operan en la región.

La detención de la hermana de los capos, de quién no se supo especificar el nombre, correspondió a las acusaciones e incluso “pruebas” que la señalan como principal operadora de los cobros por derecho de piso en Mazatlán, afirmaron los familiares.

Tras su aprehensión, la hermana del Chaparro fue trasladada a Mazatlán, donde permaneció resguardada por la Policía Ciudadana durante siete días. Posteriormente fue llevada a Xaltianguis donde estuvo dos días más.

Durante el tiempo en que estuvo detenida no se le torturó ni física o psicológicamente; afirmaron los familiares.

La emancipación se dio luego de que, supuestamente, el Chaparro pidió hacer un trueque en el que ofreció entregarse a las autoridades oficiales a cambio de la libertad de su hermana.

Fue precisamente el pasado viernes cuando se dio libertad a la hermana del delincuente luego de que un líder de la Policía Ciudadana dio tal orden afirmando que “el Chaparro” ya había cumplido su parte.

Al mismo tiempo, la Policía Ministerial realizó la detención de elementos de la Policía Ciudadana. Ocho fueron capturados en el punto de reunión que denominan “módulo” en  Mazatlán, mientras que otros dos en Xaltianguis. Entre estos dos últimos se encuentra una mujer, de quien solo se sabe que es la dueña de la casa donde arrendan los integrantes de la UPOEG en aquel poblado porteño.

Vía: losangelespress/ Por Flor Miranda