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 Un “mea culpa” hicieron funcionarios públicos ante cientos de personas con familiares desaparecidos presentes en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, en el que se logró la proeza de sentar juntos a legisladores, funcionarios de PGR y Gobernación, CNDH, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, como Cruz Roja y ONU, para abordar el fenómeno que embiste a miles de familias en todo el país.

Ante las víctimas –que portaban fotografías de sus familiares– los funcionarios reconocieron que se tardaron en reaccionar y que no han hecho lo suficiente.

El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló la urgencia de atender la problemática, e “imploró” a los funcionarios presentes para que busquen la forma de que se acelere en todo el país la tipificación del delito de la desaparición forzada, llevando a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y a las comisiones estatales de derechos humanos la propuesta.

Los funcionarios presentes hicieron eco de la propuesta.

“Es importante que se establezcan lineamientos, y unidades de investigación, pero es mucho más importante que haya resultados. Un Estado que no está en condiciones de ubicar a uno solo de sus ciudadanos es un Estado muy discutible, y ese es el reto que tiene hoy nuestro país (…) lamentablemente y con mucha vergüenza seguimos esperando a que la justicia llegue”, dijo el ombusdman Raúl Plascencia, en un discurso que pareció contrapuntear los avances de la administración peñista en el tema que antes había presentado la subsecretaria Lía Limon, a nombre del gobierno federal.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, corearon las familias reunidas en el auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuando la señora Lulú Herrera, madre del niño Brandon Esteban Herrera Acosta, desaparecido con su papá y dos tíos, a nombre de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, dio la bienvenida a los participantes y pidió que de ese encuentro salgan compromisos reales que lleven a la búsqueda de los y las ausentes con vida, y a encontrar la justicia y la verdad.

El foro se realiza seis años después de que comenzaron a registrarse las desapariciones en esta entidad, donde al menos 2 mil personas han sido reportadas como no localizadas desde el ultimo sexenio, según cifras difundidas por el propio gobernador Rubén Moreira, el primero que reconoció el problema y quien hace unos días presento una iniciativa de ley estatal para la tipificación de la desaparición forzada.

A escala nacional se tiene una cifra preliminar de 27 mil personas desaparecidas.

“Muchas cosas se han hecho pero no son suficientes, nos faltan muchas más”, reconoció el gobernador anfitrión, quien señaló que el foro ayudará a “acortar camino”.

Además de expertos internacionales que compartirán las experiencias de búsqueda, legislación o investigación en otros lugares como Colombia, Guatemala, Perú y Chile, aparte de proyectos por todo el mundo, también estuvieron presentes los investigadores que realizaron los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch sobre las desapariciones en México, los cuales han dejado de manifiesto que hay funcionarios públicos coludidos en las desapariciones y que la justicia es cómplice al no investigar el paradero de las víctimas.

Cada uno de los oradores manifestó que se vive una emergencia. La senadora Angélica de la Peña dijo que ya no puede seguir pasando el tiempo sin que se conozca la verdad.

En la conferencia inaugural, el alemán Rainier Huhle, del Comité de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, señaló que casos como el de Colombia o México son preocupantes, ya que las desapariciones están ocurriendo durante las democracias, y ya no en dictaduras, y la identidad de los perpetradores es muy difusa.

Por su parte, el abogado chileno Roberto Garretón, quien trabajó en la Vicaría de Solidaridad durante el régimen de Pinochet y ha formado parte de diversas comisiones de derechos humanos en la ONU, manifestó su preocupación por la resignación que ha encontrado en México ante las desapariciones, pues las familias piensan que por la inoperancia del sistema de justicia no vale la pena siquiera presentar una denuncia.

También manifestó que cuando el Estado es incapaz de dar resultados en la búsqueda de persona, se recurre a la mentira para tapar su negligencia. Se dijo preocupado porque, a diferencia de las desapariciones en Chile o Argentina, ha notado la ausencia de la solidaridad internacional hacia las personas que desaparecen en México y que no tienen una militancia política reconocida, como ocurrió durante las desapariciones del pasado.

“En Chile participaba en las desapariciones todo el aparato de Estado. No es así en la situación actual de México, no es que haya una política de violación de derechos humanos (…) pero si bien no únicamente los Estados violan derechos humanos, no sólo se violan así, también cuando existe cierta tolerancia o indiferencia por las desapariciones es algo grave, y ahí aparece responsabilidad del Estado”, señaló en uno de los paneles inaugurales.

Cuando empezaron a llegar las preguntas al abogado chileno, comenzaron a escucharse las quejas: “¿Y cómo hacemos las familias para que los funcionarios no nos digan tantas mentiras?”, “¿qué pasa cuando los funcionarios están coludidos con los criminales?”, “en el caso mexicano los casos se quedan archivados, estamos solos en la lucha”, “¿qué hacer cuando se respetan más los derechos de los criminales que de las víctimas?”

Ante los cuestionamientos, la subsecretaria Lía Limón, quien acudió en representación del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a defender el trabajo realizado durante la presente administración –mencionó de nuevo la base de datos con 27 mil nombres y la creación de la Unidad Especial de Búsqueda–, pero reconoció: “Coincido con el ‘ombusdman’ de la CNDH, por supuesto no es suficiente, pero sí es un paso”.

Como un adulto pequeño, trajeado, quien había memorizado las leyes, el niño de 11 años, Herbet Juan Sebastián Reveles Castañeda, reclamó respetuosamente la violación de sus derechos, pues le hace falta su papá desde hace cuatro años.

Al escucharlo, el primer visitador de la CNDH, Luis García, salió con que los funcionarios están comprometidos con la problemática, pero algunas personas expresaron su hartazgo con gritos de “¡son palabras, queremos hechos, hechos!…”.

“Es una realidad que las familias son víctimas de las mismas autoridades porque las desapariciones forzadas involucran autoridades”, dijo a su vez la diputada Miriam Cárdenas, antes de mencionar que, en efecto, el esfuerzo que se ha realizado no ha sido suficiente y que se requiere más acciones.

A su vez, Alan García, representante de ONU, mencionó que la ley contra las desapariciones forzadas que México requiere debe contener la prohibición de ese delito y su imprescriptibilidad, excluir la posibilidad de una amnistía para los perpetradores, inhabilitación y sanción de funcionarios perpetradores y sus superiores, así como definir agravantes.

De última hora tuvo que abrirse un espacio en el panel inaugural para Sara Irene Herrerías, titular de Províctima, que acudió sin invitación al evento y cuyo nombre tuvo que ser incluido en el foro.

En estos días se define la extinción de ese organismo creado el sexenio anterior.